Redacción/NYL.- Las compañías de transporte compartido Uber y Lyft presentaron demandas separadas contra la ciudad de Nueva York con el objetivo de impedir la entrada en vigor de una nueva legislación que limita la desactivación de conductores de sus plataformas sin una causa justificada. La disputa legal coloca frente a frente a dos de las empresas tecnológicas más importantes del sector y a las autoridades municipales que buscan ampliar las protecciones laborales para miles de trabajadores de aplicaciones.
La controversia gira en torno a la Ley Local 52 de 2026, aprobada por el Concejo Municipal de Nueva York tras anular el veto del entonces alcalde Eric Adams. La normativa, cuya entrada en vigor está prevista para el 28 de julio, establece que las plataformas de transporte no podrán desactivar a los conductores sin una “causa justificada” o una “razón económica legítima”. Además, obliga a las empresas a notificar con al menos 14 días de anticipación determinadas desactivaciones y amplía los mecanismos de apelación para los trabajadores afectados.
Uber presentó su demanda en un tribunal federal de Manhattan el martes, mientras que Lyft hizo lo propio un día después. Ambas compañías sostienen que la ley es inconstitucional y argumentan que podría poner en riesgo la seguridad de los pasajeros al dificultar la expulsión inmediata de conductores sospechosos de conductas inapropiadas, fraude o comportamientos peligrosos. Según las empresas, la normativa también afecta sus derechos al debido proceso y a la libertad de expresión.
Entre las principales objeciones de Uber y Lyft figura el requisito de otorgar un aviso previo de 14 días antes de ciertas desactivaciones. Las compañías afirman que este período podría permitir que algunos conductores continúen operando mientras se investigan denuncias graves. Asimismo, cuestionan disposiciones que podrían facilitar la revisión de casos de conductores desactivados desde 2019 y consideran que algunas exigencias comprometen la privacidad de los pasajeros que presentan quejas.
Por su parte, los defensores de la legislación aseguran que la medida busca garantizar un proceso justo para los conductores que dependen de estas aplicaciones como principal fuente de ingresos. La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, y el concejal Shekar Krishnan, principal impulsor de la ley, afirmaron que continuarán defendiendo la normativa en los tribunales para asegurar que los trabajadores de plataformas digitales cuenten con garantías básicas antes de perder su sustento económico.
La decisión judicial podría tener repercusiones más allá de Nueva York, ya que otras ciudades de Estados Unidos observan con atención este caso como posible referencia para futuras regulaciones sobre la economía de plataformas y los derechos de los trabajadores digitales.
