New York.- La gobernadora de Kathy Hochul promulgó un nuevo paquete de leyes destinado a fortalecer la protección de la comunidad inmigrante en el estado de Nueva York, estableciendo restricciones significativas a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios considerados sensibles. La medida exige que los agentes federales presenten una orden judicial de arresto antes de intervenir en lugares como escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios.
Durante un acto celebrado junto a líderes religiosos, activistas y familias afectadas por detenciones migratorias, Hochul afirmó que su administración no permitirá lo que calificó como “abusos de poder” contra los inmigrantes. La gobernadora sostuvo que estas nuevas disposiciones buscan garantizar que las personas puedan acudir a centros educativos, religiosos y comunitarios sin temor a ser detenidas por autoridades migratorias.
Además de limitar la presencia de ICE en estos espacios, la legislación incluye la prohibición del uso de máscaras o pasamontañas por parte de agentes de las fuerzas del orden mientras interactúan con el público. Hochul argumentó que algunos agentes migratorios han utilizado coberturas faciales sin justificación operativa, generando intimidación entre los residentes. Según la gobernadora, la transparencia y la identificación de los agentes son elementos esenciales para mantener la confianza pública.
Otro aspecto relevante del paquete legislativo es la eliminación de los acuerdos conocidos como 287(g), mecanismos que permitían a departamentos de policía locales colaborar con funciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias federales. Hochul señaló que las agencias policiales estatales y municipales deben concentrarse en combatir la delincuencia local y no en asumir responsabilidades de control migratorio civil.
La aprobación de estas medidas ocurre en medio de crecientes tensiones entre las autoridades estatales de Nueva York y las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Defensores de los derechos de los inmigrantes han celebrado la decisión, considerándola un paso importante para proteger a las comunidades vulnerables y garantizar el acceso seguro a servicios esenciales y espacios de reunión.
