Redacción/NYL.- El exmayor del Ejército venezolano Henry Morales Hernández, de 55 años, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde mayo de este año, luego de ser detenido tras una parada de tráfico en el condado de Collier, Florida. El caso ha generado preocupación entre sus familiares, quienes aseguran que el militar retirado abandonó Venezuela por motivos políticos y teme ser deportado a su país de origen.

Morales Hernández solicitó asilo en Estados Unidos después de huir del gobierno de Nicolás Maduro y contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras su proceso migratorio continuaba en los tribunales estadounidenses. Según información difundida por medios locales, el venezolano fue arrestado inicialmente por una acusación relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la Fiscalía del 20.º Circuito Judicial de Florida retiró posteriormente el cargo al concluir que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

Los registros de la Oficina del Sheriff del condado de Collier indican que las pruebas de alcoholemia practicadas al exmilitar arrojaron resultados de 0.036 y 0.037, cifras inferiores al límite legal establecido en Florida, que es de 0.08. A pesar de ello, las autoridades migratorias mantuvieron una orden de detención y Morales Hernández continúa bajo custodia de ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la actuación de las autoridades y confirmó que el venezolano permanece detenido mientras se resuelve su situación migratoria. No obstante, la familia sostiene que la decisión se basa en acusaciones que finalmente fueron descartadas por la justicia estatal.

Esmeralda San Andrés Morales, esposa del detenido y ciudadana estadounidense, aseguró que su esposo fue arrestado injustamente y destacó que no posee antecedentes penales. También afirmó que la posibilidad de ser deportado a Venezuela mantiene al exmilitar en un estado constante de temor. “Está aterrorizado ante la posibilidad de regresar a su país”, expresó.

De acuerdo con documentos migratorios, Morales Hernández ingresó a Estados Unidos con una visa de turista y reside en el país desde 2021. Antes vivió durante más de una década en Argentina tras abandonar Venezuela. Durante su carrera militar, sirvió entre 1993 y 2008, alcanzando el rango de mayor y desempeñando funciones en unidades de inteligencia.

Mientras el proceso continúa, un juez de inmigración ya rechazó una solicitud de libertad bajo fianza presentada por su defensa. La familia espera que una próxima audiencia permita revisar el caso a la luz de la desestimación de los cargos penales y definir el futuro migratorio del exoficial venezolano.

Redacción/NYL.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este sábado la nominación de su abogado personal, James McDonald, para ocupar el cargo de fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las posiciones más influyentes dentro del sistema judicial estadounidense. La designación se produce en medio de cambios en la dirección de esa importante fiscalía federal, considerada una de las más poderosas del país.

La vacante surge después de que Trump decidiera promover al actual titular del cargo, Jay Clayton, como candidato a director de Inteligencia Nacional. De concretarse ambos nombramientos, McDonald asumiría la dirección de una oficina que supervisa investigaciones y procesos relacionados con delitos financieros, corrupción pública, terrorismo y otros casos de gran relevancia nacional.

McDonald forma parte del equipo legal que representa a Trump en la apelación de las condenas derivadas del caso relacionado con pagos realizados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Su cercanía con el mandatario ha generado atención debido a la importancia e independencia tradicionalmente asociadas a la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El abogado cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y privado. Durante la administración de George W. Bush trabajó en la Casa Blanca, mientras que en el primer mandato de Trump se desempeñó como director de cumplimiento en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. También ejerció anteriormente como fiscal federal adjunto en el propio Distrito Sur de Nueva York.

Actualmente, McDonald es socio del bufete Sullivan & Cromwell, donde ha participado en casos corporativos y litigios de alto perfil. Entre ellos destaca su intervención en la defensa del empresario indio Gautam Adani, cuyo caso de fraude fue desestimado recientemente, según reportes citados por medios estadounidenses.

Trump anunció la nominación a través de su red social Truth Social, donde elogió ampliamente a McDonald y expresó confianza en que obtendrá “excelentes resultados para el país”. La designación deberá seguir los procedimientos correspondientes antes de que el abogado pueda asumir formalmente el cargo.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, es reconocida por su influencia en investigaciones de alto impacto y por su papel central en la supervisión de casos vinculados a Wall Street y a figuras de relevancia nacional.

Redacción/NYL.- Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la administración del presidente Donald Trump restituir en un plazo de 21 días los materiales históricos y científicos que fueron retirados de parques y monumentos nacionales por decisión del gobierno federal. La medida representa un revés para la política impulsada por la Casa Blanca de revisar contenidos considerados incompatibles con su visión de la historia estadounidense.

La decisión fue emitida por la jueza federal Angel Kelley, quien concluyó que la eliminación de paneles informativos, exhibiciones y señalizaciones relacionadas con la esclavitud, los derechos civiles, la historia indígena y el cambio climático constituye un precedente preocupante de censura y manipulación de la memoria histórica del país.

La controversia se originó tras una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo de 2025 denominada “Restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense”. La directriz instruyó al Departamento del Interior a revisar monumentos, memoriales y sitios históricos para identificar contenidos que, según la administración, promovieran una interpretación distorsionada de la historia nacional.

Como resultado de esa política, el Servicio de Parques Nacionales retiró o marcó para su posible eliminación numerosos materiales educativos que abordaban temas sensibles de la historia estadounidense. Entre ellos figuraban referencias a la esclavitud, las luchas por los derechos civiles, las comunidades indígenas y los efectos del cambio climático.

La demanda fue presentada por varias organizaciones dedicadas a la conservación histórica y ambiental, entre ellas la National Parks Conservation Association, la Asociación de Guardaparques Nacionales y la Asociación Estadounidense para la Historia Estatal y Local. Los demandantes argumentaron que las acciones del gobierno violaban leyes federales que regulan la preservación e interpretación de los parques nacionales.

En su fallo, la jueza Kelley afirmó que la historia de Estados Unidos no puede contarse de manera fiel si se excluyen las experiencias y contribuciones de comunidades que han desempeñado un papel fundamental en la construcción del país. Asimismo, ordenó que las exhibiciones y carteles retirados sean reinstalados antes de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Tras conocerse la decisión, representantes de organizaciones conservacionistas celebraron el fallo y destacaron que los parques nacionales deben reflejar tanto los momentos de gloria como los episodios difíciles de la historia estadounidense. Mientras tanto, el Departamento del Interior informó que evalúa sus opciones legales y no descarta apelar la sentencia.