SANTO DOMINGO,RD.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió este martes una de las sentencias más relevantes en materia de corrupción administrativa de los últimos años al condenar a varios de los principales acusados en el entramado de corrupción conocido como caso Coral y Coral 5G. Entre los sentenciados figuran el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre; el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou; y el coronel Rafael Núñez de Aza, quienes recibieron condenas de 20 años de prisión.
La decisión judicial llega tras un extenso proceso que se prolongó durante varios años y que incluyó la presentación de cientos de pruebas documentales, testimoniales y periciales por parte del Ministerio Público. Los acusados fueron señalados como integrantes de una estructura que habría operado desde organismos militares para desviar recursos públicos y acumular bienes de manera ilícita.
El expediente acusatorio sostiene que la red logró sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano mediante diversas maniobras financieras y administrativas. Según las investigaciones, los fondos eran canalizados a través de testaferros, empresas y operaciones destinadas a ocultar el origen de los recursos.
Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó penas máximas de 20 años de prisión para los principales imputados, argumentando que las evidencias demostraban la existencia de una organización criminal dedicada al desfalco, lavado de activos, coalición de funcionarios y otras infracciones vinculadas a la corrupción administrativa.
La sentencia también incluyó condenas para otros procesados involucrados en el expediente, mientras que algunos recibieron penas menores en función de su grado de participación o colaboración con las autoridades. Entre estos casos destaca el de Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado colaborador del proceso judicial, quien fue condenado a una pena reducida.
El fallo representa un hito en la lucha contra la corrupción en República Dominicana y marca el cierre de una etapa judicial que mantuvo la atención pública desde que se produjeron los primeros arrestos en 2021. No obstante, se espera que varias de las defensas recurran la decisión ante instancias superiores, por lo que el proceso aún podría continuar en los tribunales de apelación.
