NUEVA YORK.– En el marco de la conmemoración de los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la organización Right to Democracy lanzó una campaña nacional para reclamar que el gobierno y el Congreso estadounidense impulsen un proceso real de autodeterminación para los cinco territorios bajo su jurisdicción, entre ellos Puerto Rico.
La iniciativa promueve la firma de la “Declaración para Poner Fin al Dominio Colonial en los Territorios de Estados Unidos”, un documento que busca reunir a organizaciones y ciudadanos en torno a principios comunes de democracia, descolonización y libre determinación, sin favorecer una alternativa específica de estatus político para cada territorio.
Adi Martínez-Román, codirectora de Right to Democracy, explicó que el objetivo principal es construir consensos que permitan superar el actual marco territorial, el cual considera incompatible con los principios democráticos proclamados por Estados Unidos desde 1776. Según afirmó, la campaña coincide con el aniversario 250 de la independencia estadounidense y con los 125 años de los llamados Casos Insulares, decisiones de la Corte Suprema que establecieron la base legal para el tratamiento diferenciado de los territorios adquiridos por Estados Unidos tras 1898.
La organización sostiene que esas decisiones judiciales, calificadas como un legado de fundamentos raciales y coloniales, continúan permitiendo que millones de residentes en territorios como Puerto Rico no disfruten plenamente de los mismos derechos constitucionales que los ciudadanos que viven en los estados de la Unión.
Martínez-Román argumentó que el principal obstáculo para resolver el problema territorial es que el gobierno federal no reconoce que ejerce un poder colonial unilateral sobre estas jurisdicciones. A su juicio, ese reconocimiento es indispensable para que el Congreso asuma un compromiso serio con un proceso de libre determinación basado en el consentimiento de los pueblos afectados.
Right to Democracy aclaró que no promueve la estadidad, la independencia ni la libre asociación como resultado predeterminado. En cambio, defiende un proceso participativo, transparente y respaldado tanto por los territorios como por el gobierno federal, en el que cada comunidad pueda decidir libremente su futuro político mediante información, educación cívica y amplios mecanismos de consulta.
La organización también participa en diversos procesos judiciales relacionados con los derechos de los habitantes de los territorios estadounidenses y mantiene esfuerzos de incidencia pública para eliminar el marco legal que considera perpetúa un sistema colonial incompatible con los valores democráticos del país.
