LAWRENCE, Massachusetts.– El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, de origen dominicano, fue arrestado este viernes por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con el uso irregular de más de 1.5 millones de dólares en préstamos destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con la denuncia presentada ante un tribunal federal de Boston, DePeña habría obtenido los recursos a través de Tenares Tire Service Inc., empresa de su propiedad. El financiamiento fue concedido mediante el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), administrado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para ayudar a negocios afectados por la crisis sanitaria.
La investigación sostiene que el préstamo, inicialmente de 150,000 dólares, fue incrementado progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 1.65 millones de dólares. Los fiscales alegan que parte importante de esos fondos terminó siendo utilizada para fines personales y políticos, en lugar de destinarlos a las necesidades de la empresa.
Entre las operaciones señaladas figura el uso de más de 880,000 dólares para pagar préstamos hipotecarios de alto interés relacionados con propiedades de DePeña. Las autoridades también sostienen que cerca de 90,000 dólares fueron destinados a su campaña electoral para la alcaldía y que otros recursos fueron utilizados para cubrir obligaciones tributarias personales.
DePeña fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025. Antes de ocupar la alcaldía, perteneció al Concejo Municipal entre 2016 y 2021. Tras su arresto, compareció ante un tribunal federal de Boston y quedó en libertad bajo determinadas condiciones, entre ellas entregar su pasaporte.
Las autoridades federales han enfatizado que los fondos de ayuda creados durante la pandemia estaban destinados a sostener a pequeñas empresas y no a financiar gastos personales, campañas políticas o deudas inmobiliarias.
DePeña enfrenta un cargo de fraude electrónico y otro de lavado de dinero. Las acusaciones son presuntas y deberán ser demostradas ante los tribunales. Si fuera declarado culpable, podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y hasta 10 años por lavado de dinero.
