Redacción | NYL.-El gobierno federal presentó una demanda contra altos funcionarios del estado de Nueva York por un presunto esquema fraudulento relacionado con un programa de atención domiciliaria de Medicaid valorado en aproximadamente $10,000 millones de dólares. La acción legal, interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), sostiene que funcionarios estatales habrían manipulado el proceso de licitación para favorecer a una empresa privada, permitiéndole obtener beneficios millonarios con fondos públicos destinados a la atención de personas vulnerables.
La demanda se centra en el Programa de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor (CDPAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa de Medicaid que permite que familiares y amigos sean remunerados por brindar cuidados a personas con enfermedades crónicas o discapacidades. Más de 200,000 pacientes y cientos de miles de asistentes personales participan en este programa en todo el estado de Nueva York.
Según los documentos judiciales, la empresa Public Partnerships LLC (PPL) fue seleccionada para administrar el programa después de un proceso de licitación que, según el gobierno federal, estuvo manipulado desde el inicio. La acusación sostiene que otras compañías calificadas fueron descartadas por razones cuestionables mientras funcionarios estatales favorecían a PPL, empresa con sede en Georgia.
Entre los señalados en la demanda figuran el comisionado de Salud del estado de Nueva York, James McDonald, y el director estatal de Medicaid, Amir Bassiri. Aunque la gobernadora Kathy Hochul no fue incluida como demandada, la querella menciona correos electrónicos y comunicaciones internas que supuestamente muestran presión desde la Oficina de la Gobernadora durante el proceso de evaluación de las propuestas.
El Departamento de Justicia afirma que la falta de supervisión permitió que la empresa obtuviera ganancias indebidas mediante el cobro de tarifas excesivas y otras prácticas que habrían generado pérdidas millonarias para los contribuyentes. Además, la demanda sostiene que la transición hacia un único administrador del programa provocó interrupciones significativas en los servicios, afectando tanto a pacientes como a cuidadores.
Brett Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del DOJ, calificó las acciones denunciadas como una traición a la confianza pública y aseguró que el gobierno federal busca impedir que continúen las presuntas irregularidades. Entre las medidas solicitadas al tribunal se encuentran la suspensión de las prácticas cuestionadas y una supervisión más estricta sobre la administración del programa.
La respuesta de la administración estatal no se hizo esperar. Portavoces de la gobernadora Hochul rechazaron las acusaciones y calificaron la demanda como un ataque político impulsado por la administración federal en un año electoral. Asimismo, el Departamento de Salud de Nueva York defendió la legalidad del proceso de contratación y aseguró que la consolidación del programa permitió mejorar los controles y generar ahorros para los contribuyentes.
El caso promete convertirse en una de las disputas más importantes entre el gobierno federal y el estado de Nueva York en materia de salud pública. Mientras avanza el proceso judicial, ambas partes mantienen posiciones opuestas sobre la gestión de uno de los programas de atención domiciliaria más grandes del país. Como ocurre en todo proceso legal, los acusados se consideran inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.
