Redacción.- Miles de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos podrían enfrentar mayores retrasos en solicitudes, apelaciones y atención al público tras la eliminación de más de 7,100 puestos de trabajo en la Administración del Seguro Social (SSA), una reducción que representa cerca del 13 % de su fuerza laboral y que constituye uno de los mayores recortes de personal en la historia reciente de la agencia.
La medida forma parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para reducir el tamaño del gobierno federal. Aunque las autoridades aseguran que los pagos mensuales de jubilación, discapacidad y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) continúan realizándose con normalidad, expertos y exfuncionarios han advertido que la disminución de personal podría afectar significativamente la capacidad de respuesta de la institución.
Actualmente, la SSA brinda servicios a unos 75 millones de beneficiarios en todo el país. Tras los recortes, cada empleado deberá atender en promedio a unas 1,480 personas, una carga laboral que supera ampliamente los niveles registrados en décadas anteriores.
Los retrasos podrían sentirse especialmente en la tramitación de nuevas solicitudes de beneficios por discapacidad. Antes de la reducción de personal, el tiempo promedio para procesar una solicitud ya alcanzaba los 231 días. Especialistas advierten que esta espera podría aumentar en los próximos meses debido a la menor disponibilidad de empleados para evaluar casos y responder consultas.
En algunos estados, como Florida, una decisión inicial sobre beneficios por discapacidad puede tardar entre siete y ocho meses. Si el solicitante necesita presentar una apelación, el proceso puede extenderse hasta 18 meses adicionales, según datos citados en el informe.
La situación también ha provocado cambios en la operación de varias oficinas. Algunas sedes han reducido temporalmente la atención presencial y otras han cerrado sus puertas, como ocurrió con una oficina de audiencias en el estado de Nueva York.
Organizaciones y expertos temen que los más afectados sean los adultos mayores, las personas con discapacidad y miembros de comunidades con barreras lingüísticas que dependen de la asistencia presencial para completar trámites o resolver problemas relacionados con sus beneficios.
Ante este panorama, especialistas recomiendan a los beneficiarios verificar sus cuentas en línea, conservar copias de toda la documentación relacionada con sus casos y programar citas con suficiente anticipación para evitar inconvenientes derivados de la reducción de personal en la agencia.
