Redacción/NYL.- La administración del presidente Donald Trump volvió a generar controversia tras el despido de dos jueces de inmigración en Nueva York, una medida que forma parte de una amplia reestructuración impulsada por el Departamento de Justicia bajo el argumento de acelerar los procesos migratorios y endurecer las políticas de deportación.
Según reportaron medios locales, los despidos se suman a más de 100 destituciones de jueces de inmigración y funcionarios judiciales registradas durante el actual mandato de Trump. La administración asegura que los cambios buscan “restaurar la eficiencia” del sistema migratorio, aunque organizaciones defensoras de inmigrantes denuncian una “purga judicial” con motivaciones políticas.
Los jueces removidos trabajaban en tribunales migratorios de Nueva York, una de las ciudades con mayor volumen de casos de inmigración en el país. De acuerdo con el reporte, el gobierno ya designó reemplazos alineados con la política migratoria federal impulsada por la Casa Blanca. Diversos sectores consideran que la medida podría acelerar las órdenes de deportación y limitar las posibilidades de apelación para miles de inmigrantes.
Expertos legales han advertido que la independencia de los jueces de inmigración es limitada debido a que estos tribunales dependen directamente del Departamento de Justicia y no del poder judicial federal independiente. Esto permite que el fiscal general tenga autoridad sobre contrataciones y despidos.
La decisión ocurre en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias federales y de crecientes tensiones entre el gobierno federal y ciudades santuario como New York City. Precisamente esta semana, autoridades locales anunciaron nuevas medidas para limitar la cooperación con agentes de inmigración y reforzar la protección de inmigrantes indocumentados en la ciudad.
Organizaciones comunitarias y abogados de inmigración reaccionaron con preocupación, señalando que la reducción de jueces experimentados podría aumentar el retraso en los tribunales y afectar el debido proceso. También denunciaron presiones para emitir más órdenes de deportación en menos tiempo.
Mientras tanto, la Casa Blanca sostiene que las reformas forman parte de una estrategia para fortalecer el control fronterizo y agilizar casos pendientes en un sistema migratorio que enfrenta millones de expedientes acumulados. El debate sobre la independencia judicial y el manejo de la inmigración continúa intensificándose en Estados Unidos en plena campaña política rumbo a las elecciones de medio término.
