NASSAU, Nueva York.— Legisladores del estado de Nueva York inspeccionaron el viernes la cárcel del condado de Nassau, en Long Island, para conocer las condiciones en que permanecen personas bajo custodia migratoria, a pocas semanas de que entre en vigor la ley Dignity Not Detention, que restringirá la colaboración de gobiernos locales con las autoridades federales de inmigración.
La legislación comenzará a aplicarse el próximo 25 de agosto y busca poner fin a los acuerdos mediante los cuales gobiernos estatales y locales permiten utilizar sus instalaciones para mantener detenidas a personas por motivos migratorios.
Durante la visita, la senadora estatal Julia Salazar afirmó que la nueva normativa terminará con la posibilidad de que gobiernos locales mantengan contratos existentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la detención migratoria.
La inspección también estuvo acompañada de críticas de legisladores demócratas a la cooperación del condado de Nassau con ICE. La asambleísta Michaelle Solages expresó preocupación por la presencia de agentes migratorios en las comunidades y por la colaboración entre las autoridades locales y federales.
Los legisladores ya habían visitado la cárcel el año pasado. En aquella ocasión, algunos detenidos denunciaron dificultades para acceder a las duchas y aseguraron haber permanecido bajo custodia durante más de 72 horas, situación que, según Salazar, violaba los términos del acuerdo vigente.
En la nueva inspección, que duró aproximadamente una hora, los funcionarios recorrieron las áreas destinadas a los detenidos y conversaron con personal penitenciario. Salazar indicó que observó mejoras y una reducción en el número de personas bajo custodia migratoria.
Sin embargo, los legisladores no pudieron conversar directamente con los detenidos porque cuatro personas bajo custodia migratoria habían salido del centro esa misma mañana.
El ejecutivo de Nassau, Bruce Blakeman, defendió la cooperación con ICE y afirmó que esta ha permitido retirar del condado a más de 2,000 inmigrantes con antecedentes penales. El funcionario cuestionó a los demócratas y sostuvo que la coordinación con las autoridades federales contribuye a la seguridad pública.
