Migración.- Un tribunal federal de Massachusetts emitió una orden de emergencia que suspende temporalmente la revocación de los permisos de trabajo para miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de asilo en Estados Unidos, otorgando un importante alivio a inmigrantes que enfrentaban la pérdida de su autorización laboral a partir de este 22 de julio.
La decisión judicial bloquea la aplicación de nuevas políticas implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), derivadas de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, mientras se resuelve una demanda que cuestiona la legalidad de esas disposiciones. El fallo permanecerá vigente durante el desarrollo del proceso judicial y busca evitar daños irreparables para los afectados.
La medida beneficia tanto a los titulares del TPS como a los solicitantes de asilo, quienes corrían el riesgo de perder sus permisos de trabajo y, en algunos casos, de que sus solicitudes migratorias fueran rechazadas sin el debido proceso. El juez también impidió que las autoridades aplicaran sanciones inmediatas contra quienes no pudieran cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la normativa.
La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la Asociación Venezolana de Massachusetts, la Alianza Nacional TPS, el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (ASAP), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la filial 32BJ SEIU. La representación legal está a cargo de Democracy Forward, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y ASAP.
Las organizaciones argumentan que USCIS implementó las nuevas restricciones sin respetar los procedimientos administrativos requeridos ni ofrecer un período adecuado para comentarios públicos, afectando a miles de personas que dependen de sus permisos de trabajo para mantener a sus familias.
Tras conocerse la decisión, la coalición demandante celebró el fallo y afirmó que la orden judicial protege a miles de inmigrantes de un daño inmediato mientras continúa el litigio. Según los abogados del caso, sin esta intervención muchos beneficiarios habrían perdido de forma repentina su capacidad de trabajar legalmente en Estados Unidos, poniendo en riesgo su estabilidad económica y la de sus familias. El tribunal tiene previsto evaluar en las próximas semanas si la suspensión temporal debe convertirse en una medida de mayor duración mientras se resuelve el caso de fondo.
