WASHINGTON.– Una jueza federal determinó que el plan de la administración del presidente Donald Trump para reducir en un 50 % el personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue ilegal, en una decisión que representa una victoria para los sindicatos que demandaron al Gobierno.
La jueza federal Susan Illston concluyó que altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la dirección de la entonces secretaria Kristi Noem, interfirieron ilegalmente con la autoridad de FEMA al ordenar la elaboración de un plan que contemplaba reducir su plantilla aproximadamente a la mitad.
Según la magistrada, la cifra del 50 % carecía de una justificación racional y cuestionó la forma en que fue establecida. Illston señaló que el número parecía haber sido determinado “de la nada”, mientras funcionarios de FEMA habían expresado objeciones al recorte.
La demanda fue presentada por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y otros grupos laborales, que argumentaron que las medidas violaban las protecciones establecidas por el Congreso para preservar la independencia y las funciones de FEMA.
La legislación aprobada después del huracán Katrina, en 2005, establece límites a la capacidad del DHS para reducir sustancialmente las responsabilidades y funciones de FEMA. La jueza determinó que esas disposiciones fueron vulneradas.
Aunque el recorte del 50 % finalmente no se ejecutó en su totalidad, FEMA sufrió una importante reducción de personal. Más de 4,300 empleados, alrededor del 17 % de su fuerza laboral, abandonaron la agencia durante el año fiscal 2025. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) advirtió que estas salidas provocaron pérdida de experiencia y conocimiento institucional.
FEMA aseguró que mantiene una fuerza laboral preparada para responder durante la temporada de huracanes de 2026. La jueza ordenó a las partes negociar las medidas que deberán adoptarse como consecuencia de su fallo.
