New York Latino

Redacción | NYL .- Los taxis amarillos de la ciudad de Nueva York, conocidos como taxis amarillos, han sido durante más de un siglo un símbolo inconfundible del dinamismo urbano. Sin embargo, detrás de su imagen icónica, esta industria atraviesa profundas transformaciones marcadas por cambios en la demanda, la competencia tecnológica y el colapso del valor de sus licencias, conocidas como medallones.

Desde el punto de vista operativo, la mayor parte de los viajes de los taxis amarillos se concentra históricamente en el distrito de Manhattan, especialmente en las zonas de alta actividad económica y turística. Este patrón responde a que los taxis con medallón tienen autorización para recoger pasajeros en cualquier punto de la ciudad, pero encuentran su mayor volumen de clientes en el corazón financiero y comercial de la urbe. Manhattan funciona como epicentro del servicio, con millas de abordajes diarios en avenidas principales, centros de negocios y áreas cercanas a hoteles y teatros.

Durante años, esta concentración garantizó altos niveles de actividad. Se estima que el sistema llegó a movilizar cientos de millas de viajes diarios, con picos de más de 463.000 trayectos en un solo día en 2010. Sin embargo, esta cifra comenzó a disminuir de forma sostenida en la década siguiente.

Uno de los elementos más relevantes para entender la crisis del sector es el sistema de medallones. Implantado en 1937 como un mecanismo para limitar la cantidad de taxis en circulación, el medallón se convirtió con el tiempo en un activo altamente cotizado. Durante décadas, su valor creció de manera constante, pasando de unos 2.500 dólares a mediados del siglo XX a superar el millón de dólares entre 2013 y 2014 .

Sin embargo, este crecimiento no fue sostenible. La caída de los precios de los medallones comenzó de forma marcada a partir de 2014, coincidiendo con la expansión acelerada de las plataformas de transporte por aplicación como Uber y Lyft. Estas nuevas alternativas introdujeron una competencia sin precedentes, al ofrecer mayor flexibilidad tanto para conductores como para usuarios.

El impacto fue inmediato y profundo. Para 2016, el valor de muchos medallones había caído a aproximadamente 500.000 dólares, e incluso algunos llegaron a venderse por tan solo 250.000 dólares. Esto representó una pérdida de hasta el 75% del valor en apenas unos años.

La caída no solo afectó a inversionistas, sino también a millas de conductores que habían adquirido estos permisos mediante préstamos. Muchos quedaron atrapados en deudas impagables, lo que provocó una crisis social dentro del gremio. Paralelamente, la cantidad de viajes también disminuyó: de más de 463.000 trayectos diarios en 2010 a cerca de 336.000 en 2016.

A este panorama se sumaron otros factores. La introducción en 2013 de los llamados “boro taxis” —vehículos verdes autorizados a recoger pasajeros en los distritos externos, fragmentó aún más el mercado, al tiempo que la pandemia de COVID-19 redujo restrictiva la movilidad urbana, afectando especialmente a las zonas centrales de Manhattan.

A pesar de estos desafíos, los taxis amarillos siguen desempeñando un papel importante en el sistema de transporte de la ciudad. Su capacidad de ser abordados directamente en la calle, sin necesidad de aplicaciones, continúa siendo una ventaja competitiva en zonas de alta densidad. Además, siguen siendo una opción clave para millones de pasajeros al año, especialmente turistas y residentes sin acceso a servicios digitales.

En conclusión, los taxis amarillos de Nueva York representan una industria en transición. Mientras Manhattan sigue siendo el principal escenario de sus operaciones, el modelo económico basado en medallones ha sufrido un golpe estructural desde 2014. La combinación de nuevas tecnologías, cambios en los hábitos de movilidad y crisis económica ha redefinido el futuro de este emblemático servicio, que lucha por adaptarse sin perder su identidad histórica.

Redacción | NYL.- El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) propuso un nuevo aumento en los precios de sus servicios que podría entrar en vigor en julio de 2026, una medida que impactaría directamente a millones de usuarios que dependen del correo para envíos cotidianos.

De acuerdo a informes de prensa, la propuesta ya fue presentada ante la Comisión Reguladora Postal y contempla incrementos en diversos productos, incluyendo cartas, postales y otros servicios básicos. Si recibe la aprobación correspondiente, los nuevos precios comenzarían a aplicarse a partir del 12 de julio de 2026.

Entre los cambios más relevantes destaca el aumento del sello “Forever” de primera clase, que pasaría de 78 a 82 centavos. Este ajuste también afectaría el costo de enviar cartas de una onza, que subirían al mismo nivel. Asimismo, se prevén incrementos en las tarifas de postales tanto nacionales como internacionales, lo que encarecería el envío de correspondencia dentro y fuera del país.

En términos generales, el incremento promedio propuesto rondaría el 4.8%, una cifra que refleja la presión económica que enfrenta la agencia. USPS ha señalado que atraviesa una crisis financiera persistente, impulsada por el aumento de los costos operativos, la inflación y un modelo de negocio que depende casi exclusivamente de los ingresos generados por sus propios servicios.

La institución explicó que estos ajustes son necesarios para mantener su funcionamiento y garantizar la continuidad del servicio postal universal en Estados Unidos. A diferencia de otras agencias federales, USPS no recibe financiamiento directo de los contribuyentes, por lo que debe sostenerse con sus propias operaciones.

El posible aumento forma parte de una serie de cambios que el Servicio Postal ha venido implementando en los últimos años para estabilizar sus finanzas y modernizar su estructura. Sin embargo, la medida podría generar preocupación entre consumidores y pequeñas empresas que dependen del correo para sus actividades diarias.

Ahora, la decisión final queda en manos del organismo regulador, que deberá evaluar la propuesta antes de autorizar su entrada en vigor. De ser aprobada, representaría un nuevo ajuste en el costo de vida para los estadounidenses en medio de un contexto económico desafiante.

NUEVA YORK.— La administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció un acuerdo de conciliación superior a 875,000 dólares con la plataforma de entrega HungryPanda, tras determinarse que la empresa incurrió en el cobro de tarifas abusivas e ilegales a restaurantes, muchos de ellos propiedad de inmigrantes.

El pacto, dado a conocer junto a la vicealcaldesa de Justicia Económica Julie Su y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), Samuel A.A. Levine, permitirá la restitución de más de 580,000 dólares a más de 380 negocios afectados en toda la ciudad. Además, la compañía deberá pagar más de 294,000 dólares en sanciones civiles y tarifas.

La investigación del DCWP concluyó que HungryPanda violó la Ley de Límites a las Tarifas de la ciudad, aplicando cargos excesivos mediante prácticas engañosas como agrupar tarifas, cambiar su denominación frecuentemente y presentar sobrecargos ilegales como “deducciones promocionales”.

“Los restaurantes de barrio ya enfrentan costos elevados y márgenes reducidos. No deberían lidiar con tarifas ocultas e ilegales”, expresó el alcalde Mamdani, al destacar que el acuerdo devuelve recursos a pequeños empresarios y envía un mensaje claro sobre el cumplimiento de la ley.

Por su parte, Julie Su subrayó que la ciudad actuó en defensa de negocios que, por su tamaño y carga de trabajo, difícilmente pueden enfrentar este tipo de abusos. “Estamos vigilando la letra pequeña”, afirmó.

El comisionado Levine enfatizó que esta es la primera vez que la ciudad hace cumplir esta normativa contra una aplicación de entrega por perjudicar directamente a propietarios de restaurantes. “No permitiremos que ninguna plataforma estafe a pequeñas empresas, trabajadores o consumidores”, declaró.

El acuerdo también obliga a HungryPanda a transparentar sus tarifas, implementar políticas internas de cumplimiento y presentar certificaciones anuales que garanticen el respeto a la normativa vigente.

La legislación establece límites claros: 15% para servicios de entrega, 5% para servicios básicos —o hasta 20% en servicios mejorados— y 3% para el procesamiento de pagos electrónicos.

Funcionarios y legisladores, como el asambleísta Robert Carroll y los concejales Harvey Epstein y Shahana Hanif, respaldaron la medida, destacando que protege la economía local y refuerza la rendición de cuentas de grandes corporaciones tecnológicas.

Este caso se suma a acciones recientes contra plataformas de entrega, reafirmando el compromiso de la ciudad con la defensa de pequeños negocios y comunidades inmigrantes.