Redacción/NYL.- La Justicia de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien el Ministerio Público vincula con las movilizaciones y bloqueos registrados durante los meses de mayo y junio, una decisión que eleva la tensión política en el país y profundiza el enfrentamiento entre el exmandatario y el gobierno.
De acuerdo con las autoridades judiciales, la medida fue autorizada por un juez tras la presentación de una investigación que atribuye a Morales una presunta participación en la organización e impulso de las protestas que paralizaron importantes carreteras y afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos esenciales en distintas regiones bolivianas.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso penal, mientras que la Policía quedó encargada de ejecutar la orden de aprehensión. El caso se suma a otros procesos judiciales que enfrenta el exgobernante, quien ha rechazado reiteradamente las acusaciones en su contra y asegura que forman parte de una persecución política impulsada por sus adversarios.
Durante las movilizaciones de mayo y junio, simpatizantes de Morales instalaron numerosos bloqueos de carreteras para exigir cambios políticos y respaldar las demandas del exmandatario. Las protestas provocaron graves interrupciones en el transporte, afectaron la actividad económica y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden en varios puntos del país, aumentando la incertidumbre política.
Tras conocerse la decisión judicial, sectores afines al líder del Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaron que la orden busca impedir su participación e influencia en el escenario político nacional. En contraste, el Gobierno defendió la actuación de la Justicia y aseguró que todas las personas deben responder ante la ley cuando existen indicios de responsabilidad en hechos que alteran el orden público.
La nueva orden de captura representa un episodio más en la prolongada confrontación entre Evo Morales y las autoridades bolivianas. Analistas consideran que el caso podría intensificar la polarización política en el país, mientras sus seguidores han advertido que continuarán movilizados en respaldo del exmandatario y en rechazo a las acciones judiciales emprendidas en su contra.
