Queens | NYL.- La asambleísta estatal Jessica González-Rojas lanzó una nueva campaña para exigir mayor accesibilidad en el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York, centrando su reclamo en varias estaciones de la línea 7 del metro que aún carecen de ascensores.
Durante una conferencia de prensa realizada frente a la estación 82nd Street–Jackson Heights, la legisladora se unió a usuarios del transporte público, líderes comunitarios y defensores de personas con discapacidad para pedir a la Metropolitan Transportation Authority (MTA) la instalación de elevadores en cuatro estaciones clave: 82nd Street–Jackson Heights, 90th Street–Elmhurst Avenue, 103rd Street–Corona Plaza y 111th Street.
La iniciativa forma parte de la campaña denominada “Justicia en Ascensores”, con la que González-Rojas busca presionar a las autoridades para que prioricen inversiones en infraestructura accesible en comunidades trabajadoras de Queens como Jackson Heights, Corona y East Elmhurst. Estas zonas, según destacó, dependen en gran medida del transporte público y han sido históricamente relegadas en términos de mejoras.
La asambleísta subrayó que la falta de ascensores afecta especialmente a personas mayores, familias con cochecitos y residentes con discapacidades, quienes muchas veces se ven obligados a subir escaleras o incluso a renunciar a utilizar el metro. “No es solo una falla de infraestructura, es una falla de liderazgo”, expresó durante el acto.
Uno de los puntos más críticos señalados es la estación de la calle 82, debido a su cercanía con el Hospital Elmhurst y su creciente importancia como alternativa al congestionado centro de transporte de 74th Street–Roosevelt Avenue. El aumento del flujo de pasajeros en esa área ha puesto en evidencia la urgencia de convertirla en una estación totalmente accesible.
La campaña también exige que la MTA incluya estos proyectos en su próximo plan de capital, establezca un calendario claro de ejecución y adopte criterios de equidad para priorizar inversiones en comunidades vulnerables.
Líderes comunitarios y funcionarios locales respaldaron la propuesta, enfatizando que la accesibilidad en el transporte público debe ser vista como un derecho civil y no como un lujo. La iniciativa continuará con actividades de movilización comunitaria y recolección de firmas para aumentar la presión sobre las autoridades.
