NUEVA YORK.— La administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció un acuerdo de conciliación superior a 875,000 dólares con la plataforma de entrega HungryPanda, tras determinarse que la empresa incurrió en el cobro de tarifas abusivas e ilegales a restaurantes, muchos de ellos propiedad de inmigrantes.
El pacto, dado a conocer junto a la vicealcaldesa de Justicia Económica Julie Su y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), Samuel A.A. Levine, permitirá la restitución de más de 580,000 dólares a más de 380 negocios afectados en toda la ciudad. Además, la compañía deberá pagar más de 294,000 dólares en sanciones civiles y tarifas.
La investigación del DCWP concluyó que HungryPanda violó la Ley de Límites a las Tarifas de la ciudad, aplicando cargos excesivos mediante prácticas engañosas como agrupar tarifas, cambiar su denominación frecuentemente y presentar sobrecargos ilegales como “deducciones promocionales”.
“Los restaurantes de barrio ya enfrentan costos elevados y márgenes reducidos. No deberían lidiar con tarifas ocultas e ilegales”, expresó el alcalde Mamdani, al destacar que el acuerdo devuelve recursos a pequeños empresarios y envía un mensaje claro sobre el cumplimiento de la ley.
Por su parte, Julie Su subrayó que la ciudad actuó en defensa de negocios que, por su tamaño y carga de trabajo, difícilmente pueden enfrentar este tipo de abusos. “Estamos vigilando la letra pequeña”, afirmó.
El comisionado Levine enfatizó que esta es la primera vez que la ciudad hace cumplir esta normativa contra una aplicación de entrega por perjudicar directamente a propietarios de restaurantes. “No permitiremos que ninguna plataforma estafe a pequeñas empresas, trabajadores o consumidores”, declaró.
El acuerdo también obliga a HungryPanda a transparentar sus tarifas, implementar políticas internas de cumplimiento y presentar certificaciones anuales que garanticen el respeto a la normativa vigente.
La legislación establece límites claros: 15% para servicios de entrega, 5% para servicios básicos —o hasta 20% en servicios mejorados— y 3% para el procesamiento de pagos electrónicos.
Funcionarios y legisladores, como el asambleísta Robert Carroll y los concejales Harvey Epstein y Shahana Hanif, respaldaron la medida, destacando que protege la economía local y refuerza la rendición de cuentas de grandes corporaciones tecnológicas.
Este caso se suma a acciones recientes contra plataformas de entrega, reafirmando el compromiso de la ciudad con la defensa de pequeños negocios y comunidades inmigrantes.
