Washington, DC.- La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia emitió este martes un fallo que representa una importante victoria para la política migratoria del presidente Donald Trump, al permitir la aplicación de las deportaciones aceleradas a nivel nacional para ciertos inmigrantes indocumentados detenidos por las autoridades federales.
La decisión revierte una medida judicial previa que había bloqueado temporalmente la expansión de este mecanismo, conocido como expedited removal, y abre la puerta para que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deporten a personas sin una audiencia ante un juez de inmigración, siempre que no puedan demostrar que han residido en Estados Unidos durante más de dos años.
La política fue ampliada por la administración Trump en enero de 2025. Anteriormente, las deportaciones aceleradas estaban limitadas principalmente a inmigrantes detenidos cerca de la frontera y que hubieran ingresado recientemente al país. Con la nueva interpretación, el procedimiento puede aplicarse en cualquier parte del territorio estadounidense.
La mayoría de la corte, integrada por los jueces Justin Walker y Neomi Rao, ambos nombrados por Trump, concluyó que el gobierno federal tiene autoridad legal para implementar esta expansión y que el proceso no viola las garantías constitucionales de debido proceso. Walker señaló en la opinión del tribunal que los inmigrantes sujetos a este procedimiento continúan recibiendo una evaluación inicial por parte de funcionarios de inmigración antes de que se ordene su expulsión.
Sin embargo, la decisión no fue unánime. El juez Robert Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama, emitió un voto disidente al considerar que el sistema presenta riesgos significativos de errores y podría afectar a personas que sí tienen derecho a permanecer en el país.
Tras conocerse el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la decisión judicial. El asesor jurídico general de la agencia, James Percival, afirmó que el gobierno está aplicando la ley migratoria tal como fue aprobada por el Congreso y reiteró el llamado a los inmigrantes indocumentados para que abandonen voluntariamente el país, recordando que existe un programa que ofrece incentivos económicos para el retorno voluntario.
Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Make the Road New York, criticaron el fallo y advirtieron que podría debilitar las garantías procesales de miles de personas. Los grupos demandantes indicaron que evalúan nuevas acciones legales para impugnar la medida.
La decisión podría tener un impacto significativo en las operaciones migratorias a nivel nacional y en miles de casos de inmigrantes que actualmente enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos.
