Redacción | NYL.- Un tribunal federal de apelaciones propinó un nuevo golpe a la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, al limitar la posibilidad del Gobierno de mantener detenidos, sin una audiencia de fianza, a ciertos inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos.
El Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones determinó, por una votación de 2-1, que el Gobierno no puede interpretar de manera tan amplia las leyes migratorias para aplicar automáticamente un régimen de detención obligatoria a personas que ya se encuentran establecidas en el país.
La decisión surgió de los casos de Gabriel Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, dos inmigrantes con varios años de residencia en Estados Unidos que fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sus abogados cuestionaron la base legal utilizada para impedirles solicitar su libertad mediante una audiencia individual de fianza.
El conflicto se centra en la interpretación de la sección 1225(b)(2)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La administración Trump ha utilizado esta disposición desde 2025 para argumentar que determinados inmigrantes que se encuentran físicamente en Estados Unidos pueden ser considerados, para efectos de detención, como personas que buscan ser admitidas al país.
La mayoría del tribunal rechazó esa interpretación y señaló que los inmigrantes con arraigo y vínculos significativos con comunidades estadounidenses pueden tener derecho a determinadas protecciones constitucionales. Según el fallo, negar automáticamente la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza plantea interrogantes relacionados con el debido proceso protegido por la Quinta Enmienda.
La jueza Jennifer Mascott, designada durante la administración Trump, discrepó de la mayoría y presentó una opinión disidente.
El fallo representa, además, el octavo revés consecutivo para esta estrategia migratoria del Gobierno en tribunales federales de apelaciones. La disputa podría llegar eventualmente a la Suprema Corte de Estados Unidos, donde se definiría el alcance de la detención migratoria sin fianza.
