EE.UU.- El gobierno del presidente Donald Trump implementará a partir del próximo 18 de septiembre una nueva versión de la regla de carga pública, reemplazando la normativa establecida durante la administración de Joe Biden. La medida modificará los criterios utilizados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para evaluar las solicitudes de residencia permanente y determinadas visas de inmigrantes.
La nueva regulación permitirá a las autoridades migratorias considerar un mayor número de beneficios públicos al determinar si un solicitante podría convertirse en una carga para el gobierno estadounidense. Entre los programas que podrían influir en esa evaluación figuran Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ayudas federales para vivienda y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), aunque existen excepciones para determinados grupos y beneficios específicos.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los cambios buscan reforzar el principio de autosuficiencia de los inmigrantes y garantizar que quienes soliciten beneficios migratorios demuestren capacidad para mantenerse económicamente sin depender de asistencia pública. La evaluación continuará realizándose bajo el criterio de la “totalidad de las circunstancias”, considerando factores como ingresos, edad, salud, educación, historial laboral y respaldo financiero.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes han manifestado preocupación por el posible impacto de la medida, al advertir que muchas familias podrían dejar de solicitar beneficios para los que califican por temor a perjudicar sus procesos migratorios. También recuerdan que la regla no aplica a todas las categorías de inmigrantes, como refugiados, asilados, beneficiarios de visas U y T, así como algunos otros grupos protegidos por la legislación federal.
