Redacción/NYL.- El gobierno del presidente Donald Trump ordenó abrir investigaciones contra abogados de inmigración sospechosos de participar en presuntos fraudes relacionados con solicitudes de asilo en Estados Unidos, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la actual administración.
De acuerdo con un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades federales consideran que algunos abogados estarían presentando casos con argumentos repetitivos o sin fundamentos suficientes para obtener protección migratoria para sus clientes. El documento sostiene que ciertos representantes legales afirman de manera rutinaria que “prácticamente todos los inmigrantes ilegales” enfrentan persecución o tortura en sus países de origen.
La orden instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a desarrollar nuevas “políticas antifraude” y reforzar las investigaciones sobre posibles esquemas fraudulentos vinculados a peticiones de asilo. Entre las medidas contempladas estaría la participación de agentes especializados para identificar patrones sospechosos en expedientes migratorios.
La decisión ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes y expertos en leyes migratorias, quienes advierten que la medida podría intimidar a abogados que representan a personas vulnerables que buscan protección humanitaria. Diversos sectores consideran que el anuncio forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para restringir el acceso al asilo y aumentar las deportaciones en el país.
En Estados Unidos, las solicitudes de asilo requieren que los inmigrantes demuestren un temor creíble de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social. Sin embargo, el gobierno sostiene que el sistema ha sido utilizado de forma indebida por algunas redes legales y de tráfico migratorio.
La nueva ofensiva migratoria se suma a otras acciones recientes de la administración Trump, incluyendo mayores operativos de ICE, incremento de deportaciones y restricciones adicionales a programas humanitarios.
