Por Oscar López Reyes .- El presidente Luis Rodolfo Abinader ha asumido con inamovible perseverancia una línea defensiva de la soberanía nacional, y en el 2025 su Gobierno repatrió a 379 mil 553 oriundos de Haití, para un alza de casi 40% sobre los 276 mil 215 de 2024. No son funcionarios ni amigos sinceros, porque hacen una jugada de trensillo, los que se atrevan a susurrarle a los oídos que nuestro país sea colocado bajo la truculenta tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería romper el dique que liberaría torrentes destructivos, con sobrecargas que conducirían a la ruina.

No pasma esa aceptación por empresarios -y sus “doctos” abogados subalternos- que más le importa el señorío de la mano de obra barata que la autonomía dominicana, representantes de la llamada sociedad civil y monaguillos de entidades supranacionales enquistados en el Tribunal Constitucional. En algún momento, estos tendrán que ser juzgados por las fuerzas vivas de la Nación y el Congreso Nacional, por esa felonía que quiere alborotar las avispas, en un complicado escenario internacional.

Ahora que se ha despejado la pujante y peligrosa percepción de que los gobiernos eran endebles ante la campaña de descrédito internacional contra la República Dominicana, el Instituto Duartiano ha reiterado que se preparan papeles para que el órgano judicial de la Convención Americana vuelva por sus fueros, en sus embestidas por las medidas para que sea frenada la masiva inmigración de haitianos.

Por nuestros predios acontecen los fenómenos más insólitos: la República Dominicana nunca ha sido miembro de la citada Corte Interamericana, que otorga credibilidad a cualquier documento o persona, sin verificación ni comprobación. Ejemplo: el nacional haitiano William Medina Ferreras compareció, alegando ser dominicano, a una audiencia de ese cuerpo jurisdiccional celebrada en Ciudad México el 8 y 9 de octubre de 2013, y la acusó de expulsarlo del país y de discriminación racial.

Paradoja: este sujeto fue sometido a la justicia por la Junta Central Electoral, por suplantar documentos de identidad. Sin embargo, el 28 de agosto de 2014 la corte condenó a nuestro país por violar el derecho de nacionalidad, la cual fue acogida gustosamente por gobiernos pasados.

Igualmente, el 8 de septiembre de 2005 fue sentenciada a la República Dominicana por la detención, expulsión ilegal, discriminación y supuesta apatridia contra las niñas de padres haitianos Dilcia Yean y Violeta Bosico.

La tercera culpa fue por la llamada Masacre de Guayubín, en el año 2000, por la muerte de 6 haitianos y un dominicano que penetraron irregularmente al país en un camión, cuyo chofer presionó sin control el pedal de su acelerador y su velocidad, cuando una patrulla le ordenó que se detuviera.

El predispuesto brazo contencioso del sistema interamericano, con sede en Costa Rica, alegaba que los inmigrantes fueron asesinados a tiros, y el gobierno explicó que murieron al volcarse el furgón en un puesto de control custodiado por miembros del Ejército, que sospecharon que transportaban drogas.

La corte ordenó que castigaran a los autores del hecho y que los restos fueron entregados al gobierno haitiano, en tanto que las autoridades dominicanas indicaron que estos se mantuvieron en una morgue hospitalaria durante más de un mes, y no aparecieron dolientes.

Además de juicios parciales y tendenciosos, la República Dominicana no acepta fallos de un tribunal regional al que no pertenece. En el 2005, cerca de 50 dominicanos de prestación y sentimientos patrióticos interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la competencia de la Corte Interamericana, aceptado en 1999 por el Poder Ejecutivo, pero que no fue ratificado por el Congreso Nacional., que así lo ha certificado.

El 14 de noviembre de 2014, el digno Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de esa instancia que actúa como un supra-poder usurpador, y por lo cual Estados Unidos, Cuba y otras naciones no han admitido sus facultades e intromisiones. Terminantemente, dejó claro que la República Dominicana no es signataria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Irrita escuchar a figuras públicas pedir que las instituciones dominicanas se adhieran y obedezcan a un foro jurisdiccional que nos ha mandado a cambiar la Carta Magna y las leyes, para introducir el Jus Solis (derecho de suelo), a fin de que los nacidos en el territorio nacional obtengan la nacionalidad, sin importar su ilegalidad e irregularidad residencial.

Agravia y alarma que existen llamados dominicanos que trabajan, en la penumbra, para echar por tierra la sentencia 168-13, que protege la nacionalidad dominicana, y el dictamen 256-14, que establece con claridad meridiana los alcances del Jus Solis o derecho de suelo, y dispuso la depuración del Registro Civil. Así también, otros continúan forzando para que no se aplique la Ley 285-95, y su reglamento, que regulan a los inmigrantes extranjeros, y que les otorguen la nacionalidad dominicana, mediante una amnistía, a varios millones de haitianos que residen ilegalmente en nuestro país.

Si la República Dominicana se incorpora como integrante del “árbitro” autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), jamás ejercerá su soberanía y se fomentarán nuevas invasiones pacíficas, sin posibilidad de repatriaciones, con la consiguiente disolución de la identidad nacional, porque dentro de poco no podremos diferenciar entre un dominicano y un haitiano.

El autor: Miembro de número del Instituto Duartiano, ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), y presidente actual Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).

Por Oscar López Reyes .- El proceso de fusiones institucionales dispuestas por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona para eliminar duplicidades y reducir el aparato estatal, a fin de optimizar los recursos financieros, suplica ahora un complemento: ellas y otras suplican ser focalizadas en la perspectiva de un reordenamiento espacial, para laaccesibilidad en la concentración de los servicios a los ciudadanos en puntos geográficos más cercanos. Sería a mediano y largo plazo.

El crecimiento progresivo y la evolución funcional de muchas de estas entidades han generado una dispersión geográfica significativa, lo que se ha derivado en mayores costos operativos asociados al pago de alquileres, mantenimiento y otros gastos fijos derivados de la ocupación de Múltiples inmuebles.

En los primeros días de agosto de 1496, Bartolomé Colón fundó la Nueva Isabela en la margen oriental del río Ozama (posteriormente Parajito y hoy Villa Duarte), y en 1502 luego de su devastación por un ciclo -cuando no existían pronósticos meteorológicos o predicción del tiempo- el poblado fue trasladado por Nicolás de Ovando a la hoy Ciudad Colonial, que durante más de 450 años albergó a todas las agencias del Estado.

Con el crecimiento no planificado de la capital, la gran mayoría de las oficinas públicas se mudaron de la Ciudad Colonial, donde hoy apenas quedan museos. Esta fragmentación no solo impacta las finanzas públicas, sino también a los ciudadanos, que en muchos casos se desplazan a diferentes puntos de la ciudad e incluso desde distintas zonas del país para completar un mismo trámite o recibir un servicio integral.

Una política de reordenamiento espacial y consolidación institucional permitiría optimizar los recursos, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la cercanía entre el Estado y la población a la que sirve.

En tal sentido, se recomienda al Gabinete Asesor del Estado ya los órganos responsables de la planificación gubernamental a reflexionar y actuar con visión estratégica sobre esta realidad, impulsando medidas concretas que conduzcan -a mediano y largo plazo- a una administración pública más integrada, moderna y eficiente, en beneficio tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía dominicana.