República Dominicana.- El Ministerio Público de la República Dominicana presentó nuevas evidencias en el caso de presuntas irregularidades en la red semafórica del Gran Santo Domingo, al revelar conversaciones entre el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, que apuntan a un supuesto control anticipado de los procesos de adjudicación.
Durante una audiencia celebrada este viernes, el fiscal Jhonatan Pérez Fulcar, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó transcripciones de chats de WhatsApp que, según explicó, evidencian que decisiones clave del proceso de licitación habrían sido coordinadas antes de cumplirse los plazos legales establecidos.
De acuerdo con el órgano acusador, las conversaciones datan de marzo y abril de 2023, cuando el proceso aún estaba formalmente abierto. En esos intercambios, los implicados discutían aspectos como fechas de adjudicación y detalles técnicos de la llamada “prueba de concepto”, lo que, según el Ministerio Público, demuestra que el resultado ya estaba previamente pactado.
El fiscal sostuvo ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que el cronograma legal habría sido utilizado solo como una formalidad para legitimar decisiones tomadas con antelación.
Otro de los elementos expuestos en la audiencia indica que el empresario habría enviado documentos con propuestas sobre cómo debía ejecutarse la evaluación técnica de su propia empresa, lo que refuerza la hipótesis de un control externo en el proceso. Asimismo, el Ministerio Público señaló que en los chats se discutía la inclusión de figuras públicas como “veedores” con el objetivo de dar apariencia de transparencia.
Las investigaciones también revelan que el pliego de condiciones y el contrato no habrían sido elaborados por el departamento jurídico del Intrant, sino entregados ya preparados, lo que, según el fiscal, evidencia que la institución no manejaba de manera independiente el proceso.
Estas pruebas forman parte de la acusación en el denominado caso Camaleón, en el que el Ministerio Público imputa a los involucrados delitos como coalición de funcionarios, fraude al Estado y falsificación de documentos.
El proceso judicial continúa en fase preliminar, mientras el tribunal evalúa la validez de las pruebas presentadas por la parte acusadora y los argumentos de la defensa.
