Redacción | NYL.— Una investigación federal ha puesto bajo la lupa a figuras políticas clave de la ciudad, incluyendo a una concejal de Brooklyn y a una asistente de la gobernadora, en un caso que gira en torno a posibles sobornos vinculados a contratos millonarios para albergues de migrantes.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The New York Times y otras fuentes, fiscales federales investigan si la concejal Farah Louis y su hermana, Debbie Louis, quien se desempeñaba como asistente de la gobernadora Kathy Hochul, recibieron pagos indebidos o beneficios a cambio de favorecer a una organización que obtuvo contratos públicos.

La pesquisa se centra en la organización BHRAGS Home Care Inc., una entidad con sede en Brooklyn que originalmente ofrecía servicios de atención domiciliaria, pero que durante la crisis migratoria iniciada en 2022 amplió sus operaciones para gestionar refugios de emergencia. Desde entonces, la organización ha recibido más de 200 millones de dólares en contratos municipales, muchos de ellos otorgados en condiciones de emergencia.

El caso también involucra a Edu Hermelyn, figura vinculada al liderazgo político demócrata en Brooklyn. Según una orden de registro firmada el 19 de marzo, los investigadores buscan determinar si estas personas participaron en un esquema de “kickbacks” comisiones ilegales a cambio de influir en decisiones relacionadas con fondos públicos y adjudicación de contratos.

Aunque hasta el momento no se han presentado cargos contra la concejal ni contra la asistente estatal, la investigación ha tenido consecuencias inmediatas. Debbie Louis fue colocada en licencia administrativa luego de que la oficina de la gobernadora fuera notificada del caso.

Paralelamente, el escándalo ya ha derivado en acusaciones formales contra otras personas vinculadas a la misma red de contratos. Cuatro individuos, incluidos ejecutivos de BHRAGS y contratistas asociados, fueron arrestados bajo cargos de fraude y soborno, acusados de desviar más de un millón de dólares en fondos públicos.

Las autoridades federales sostienen que el caso refleja fallas en los mecanismos de supervisión durante la rápida expansión del sistema de albergues para migrantes en Nueva York, una situación que obligó a las autoridades a otorgar contratos de manera acelerada.

El alcalde de la ciudad ha indicado que su administración revisará los acuerdos firmados con la organización implicada, mientras crecen los llamados a una mayor transparencia en el manejo de recursos destinados a la crisis migratoria.

La investigación continúa en curso y podría ampliarse en las próximas semanas, en medio de una creciente preocupación pública por la integridad en el manejo de fondos destinados a poblaciones vulnerables.