NYL.-El gobierno de España anunció una nueva medida que ampliará el acceso a los servicios de salud para personas extranjeras que viven en el país sin contar con residencia legal. La iniciativa busca garantizar el derecho a la atención sanitaria para miles de migrantes que actualmente enfrentan dificultades para recibir tratamiento médico.

La portavoz del gobierno y ministra de Migraciones, Elma Saiz, explicó que la normativa reconoce formalmente el derecho a la protección de la salud y a la atención médica para extranjeros que no tienen estatus legal en el territorio español. La decisión fue anunciada tras una reunión del Consejo de Ministros y forma parte de una política migratoria más abierta impulsada por el Ejecutivo.

La medida fue aprobada mediante un real decreto, mecanismo que permite al gobierno aplicar cambios normativos sin necesidad de una votación previa en el Parlamento. Esta vía fue utilizada debido a que el gobierno del presidente Pedro Sánchez no cuenta con mayoría legislativa suficiente para aprobar la reforma por la vía ordinaria.

Además de los migrantes en situación irregular, el decreto también beneficiará a ciudadanos españoles que residen en el extranjero cuando se encuentren temporalmente en el país, así como a familiares que los acompañen durante su estancia. De esta manera, el sistema de salud podrá brindar cobertura a más personas que antes quedaban fuera del acceso regular a servicios médicos.

La política migratoria del gobierno español contrasta con la tendencia de varios países europeos que han endurecido sus controles migratorios en los últimos años. Desde que llegó al poder en 2018, Sánchez ha defendido una estrategia más inclusiva hacia la migración, argumentando que el país necesita población joven para sostener su crecimiento económico y enfrentar el envejecimiento demográfico.

De hecho, a principios de este año, el gobierno español presentó un plan de regularización masiva que podría beneficiar a unas 500,000 personas, la mayoría procedentes de países latinoamericanos. Con estas medidas, las autoridades buscan no solo garantizar derechos básicos como la salud, sino también integrar a los migrantes en la economía y en la vida social del país.

La decisión ha generado debate en el ámbito político europeo, pero para organizaciones de derechos humanos representa un paso importante hacia la protección de la salud pública y la dignidad de los migrantes.