Por Oscar López Reyes .- El proceso de fusiones institucionales dispuestas por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona para eliminar duplicidades y reducir el aparato estatal, a fin de optimizar los recursos financieros, suplica ahora un complemento: ellas y otras suplican ser focalizadas en la perspectiva de un reordenamiento espacial, para laaccesibilidad en la concentración de los servicios a los ciudadanos en puntos geográficos más cercanos. Sería a mediano y largo plazo.
El crecimiento progresivo y la evolución funcional de muchas de estas entidades han generado una dispersión geográfica significativa, lo que se ha derivado en mayores costos operativos asociados al pago de alquileres, mantenimiento y otros gastos fijos derivados de la ocupación de Múltiples inmuebles.
En los primeros días de agosto de 1496, Bartolomé Colón fundó la Nueva Isabela en la margen oriental del río Ozama (posteriormente Parajito y hoy Villa Duarte), y en 1502 luego de su devastación por un ciclo -cuando no existían pronósticos meteorológicos o predicción del tiempo- el poblado fue trasladado por Nicolás de Ovando a la hoy Ciudad Colonial, que durante más de 450 años albergó a todas las agencias del Estado.
Con el crecimiento no planificado de la capital, la gran mayoría de las oficinas públicas se mudaron de la Ciudad Colonial, donde hoy apenas quedan museos. Esta fragmentación no solo impacta las finanzas públicas, sino también a los ciudadanos, que en muchos casos se desplazan a diferentes puntos de la ciudad e incluso desde distintas zonas del país para completar un mismo trámite o recibir un servicio integral.
Una política de reordenamiento espacial y consolidación institucional permitiría optimizar los recursos, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la cercanía entre el Estado y la población a la que sirve.
En tal sentido, se recomienda al Gabinete Asesor del Estado ya los órganos responsables de la planificación gubernamental a reflexionar y actuar con visión estratégica sobre esta realidad, impulsando medidas concretas que conduzcan -a mediano y largo plazo- a una administración pública más integrada, moderna y eficiente, en beneficio tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía dominicana.
