Redacción/NYL.- El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta un nuevo desafío judicial luego de que una coalición de 25 estados, encabezados por fiscales generales demócratas, presentara una demanda para intentar frenar la más reciente ronda de aranceles impuesta por la administración republicana. La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Manhattan, al considerar que las medidas exceden la autoridad presidencial y podrían causar graves daños a las economías estatales y a los consumidores.
La demanda sostiene que la Casa Blanca no tiene facultades para imponer de manera unilateral los nuevos gravámenes comerciales, los cuales afectan a decenas de países. Según los demandantes, la administración recurrió a una interpretación indebida de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar los aranceles, luego de que la Corte Suprema limitara previamente el uso de otras facultades legales para aplicar este tipo de medidas.
Entre los estados que lideran la ofensiva judicial figuran Nueva York y California, acompañados por otros 23 estados gobernados por demócratas. Los fiscales generales argumentan que las tarifas encarecerán productos importados, elevarán los costos para las empresas y terminarán afectando directamente a los consumidores mediante un aumento en los precios de bienes de uso cotidiano.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que el presidente no puede establecer aranceles por decisión propia sin la autorización correspondiente del Congreso. A su juicio, la política comercial de la administración Trump representa una extralimitación del poder ejecutivo y crea incertidumbre para empresas, inversionistas y familias estadounidenses.
Por su parte, la Casa Blanca ha defendido la medida argumentando que los nuevos aranceles buscan proteger la industria nacional y combatir prácticas comerciales desleales, incluyendo la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. La administración sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la producción estadounidense y garantizar condiciones más justas para los fabricantes locales.
El caso podría convertirse en un nuevo precedente sobre los límites del poder presidencial en materia comercial. La disputa llega pocos meses después de que la Corte Suprema restringiera la capacidad del Ejecutivo para imponer aranceles utilizando otras disposiciones legales, un fallo que ha reconfigurado el debate sobre la autoridad del presidente en política económica y comercio internacional. Mientras el litigio avanza en los tribunales, la incertidumbre continúa marcando el panorama comercial de Estados Unidos y sus relaciones con numerosos socios internacionales.
