Nueva York.- Un violento motín ocurrido en el Centro Juvenil Horizons, ubicado en el Bronx, dejó al menos 15 personas heridas y volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad y el manejo de los centros de detención juvenil de la ciudad.
El incidente se produjo el pasado 21 de junio, cuando un grupo de jóvenes internos presuntamente atacó a miembros del personal, se apoderó de las llaves de varias unidades y permitió que otros detenidos abandonaran sus áreas de alojamiento, desencadenando horas de violencia dentro de la instalación.
De acuerdo con informes, los enfrentamientos incluyeron agresiones con armas improvisadas, golpizas y amenazas contra empleados del centro. Entre los heridos figuran ocho trabajadores y siete residentes, quienes fueron trasladados a hospitales con lesiones de diversa consideración. Las autoridades indicaron posteriormente que la situación fue controlada y que el centro permanece bajo vigilancia reforzada.
Uno de los aspectos que más controversia ha generado es que agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), enviados para responder a la emergencia, habrían sido impedidos de ingresar al recinto en dos ocasiones mientras la violencia continuaba en el interior, según denunciaron representantes sindicales. Esta situación habría prolongado el enfrentamiento durante varias horas.
El Sindicato de Empleados de Servicios Sociales (SSEU Local 371) responsabilizó del deterioro de las condiciones de seguridad al hacinamiento y a la falta de personal suficiente para supervisar a los internos. El vicepresidente del gremio, Darek Robinson, afirmó que durante semanas se habían registrado múltiples agresiones contra supervisores y trabajadores, además de intentos por arrebatarles las llaves de seguridad, sin que se adoptaran medidas efectivas para prevenir una tragedia mayor.
Las críticas también apuntan a la ley estatal conocida como “Raise the Age”, que permite que personas de hasta 21 años permanezcan en centros juveniles. Según investigaciones previas, esta legislación ha contribuido al aumento de la población en instalaciones como Horizons y Crossroads, incrementando la presión sobre un sistema que ya enfrentaba problemas de sobreocupación y escasez de recursos.
La Administración de Servicios para Niños (ACS) aseguró que la situación fue controlada rápidamente y anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad, el aumento del personal y mayores controles para impedir el ingreso de contrabando. Sin embargo, sindicatos y denunciantes sostienen que persisten problemas de mala administración, posibles actos de corrupción y represalias contra empleados que reportan irregularidades.
Mientras continúan las investigaciones sobre el origen del motín y la forma en que armas improvisadas ingresaron al centro, organizaciones sindicales exigen una investigación independiente y una revisión integral del sistema de detención juvenil de la ciudad, advirtiendo que, sin cambios estructurales, hechos similares podrían repetirse en el futuro.
