NUEVA YORK.— Quince alguaciles de distintos condados de Nueva York presentaron una demanda federal contra una nueva ley estatal que prohíbe los acuerdos de cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), abriendo un nuevo frente judicial en la disputa sobre el papel de las policías locales en la aplicación de las leyes migratorias.
La querella fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Albany poco después de que entrara en vigor la legislación, conocida como Local Cops, Local Crimes Act. Los alguaciles argumentan que la norma invade las facultades de funcionarios locales elegidos y les impide mantener acuerdos autorizados por la legislación federal, incluidos los conocidos como 287(g).
Los demandantes, procedentes de los condados de St. Lawrence, Wayne, Broome, Madison, Cattaraugus, Orange, Jefferson, Saratoga, Lewis, Franklin, Delaware, Fulton, Oswego, Cayuga y Rensselaer, solicitaron al tribunal una orden temporal y posteriormente permanente para impedir que el estado aplique las disposiciones cuestionadas.
La ley también prohíbe que las cárceles locales mantengan detenidas a personas exclusivamente por infracciones civiles de inmigración a solicitud de ICE.
La gobernadora Kathy Hochul defendió la medida y sostuvo que Nueva York debe concentrar los recursos policiales en combatir los delitos locales, aunque reiteró que las autoridades pueden colaborar con ICE en investigaciones criminales. Hochul advirtió que las agencias que incumplan la legislación enfrentarán acciones legales.
La fiscal general estatal, Letitia James, también respondió con firmeza. Junto con Hochul calificó la demanda como un desperdicio de dinero de los contribuyentes y afirmó que los tribunales ya habían rechazado anteriormente un intento de bloquear la ley.
El conflicto alcanza además al condado de Nassau, cuyo ejecutivo, Bruce Blakeman, ha defendido públicamente la cooperación con ICE. Aunque su oficina no figura entre los demandantes, el condado se encuentra entre las jurisdicciones cuestionadas por el estado por no haber confirmado plenamente la terminación de sus acuerdos con la agencia federal.
La disputa promete prolongarse en los tribunales mientras Nueva York intenta establecer nuevos límites a la participación de las autoridades locales en la política migratoria federal.
