NEW YORK.– Una jueza federal de Nueva York anuló la suspensión de visas de inmigrante impuesta por la Administración del presidente Donald Trump a ciudadanos de 75 países, al considerar que la medida fue aplicada fuera de las competencias legales del secretario de Estado, Marco Rubio.
La decisión fue emitida por Jeannette Vargas, jueza del Distrito Sur de Nueva York, en una sentencia de 61 páginas en la que calificó la política como “manifiestamente ilegal”. La magistrada cuestionó además el argumento del Gobierno de que los solicitantes de los países afectados representaban un riesgo elevado de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.
Según el fallo, funcionarios estadounidenses recibieron instrucciones de negar visas incluso a personas que cumplían con los requisitos establecidos y que, probablemente, podían mantenerse económicamente por sí mismas. Esto, sostuvo Vargas, contravenía las normas que exigen analizar individualmente cada solicitud.
La suspensión estaba vigente desde enero y afectaba a numerosas naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También incluía países como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
El caso fue impulsado, entre otros, por cinco profesionales colombianos a quienes se les negó la visa invocando la nueva política, así como por seis ciudadanos estadounidenses cuyos familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía resultaron afectados.
La sentencia también deja sin efecto las negativas de visas basadas exclusivamente en la política cuestionada, lo que abre la posibilidad de revisar miles de solicitudes previamente rechazadas.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes celebraron el fallo como una victoria para las familias afectadas y señalaron que las leyes migratorias no pueden utilizarse para discriminar colectivamente a ciudadanos de determinados países.
El Departamento de Estado indicó que la Administración mantiene rigurosos controles de seguridad para los solicitantes, mientras el Gobierno aún evalúa sus próximos pasos.