Redacción/NYL.- La demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nueva York ha generado preocupación entre estudiantes inmigrantes que dependen de la matrícula estatal para poder continuar sus estudios universitarios. La acción legal, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, cuestiona las políticas que permiten a determinados estudiantes indocumentados pagar tarifas de residente y acceder a programas de ayuda financiera.
El gobierno federal sostiene que estas políticas discriminan contra ciudadanos estadounidenses de otros estados, quienes no pueden beneficiarse de las mismas tarifas reducidas. El Departamento de Justicia también argumenta que las normas estatales incentivan la inmigración irregular y solicita que sean declaradas ilegales. La ofensiva incluye demandas similares contra Connecticut y Vermont.
Para los estudiantes afectados, las consecuencias económicas podrían ser significativas. En la Universidad Estatal de Nueva York, la matrícula anual para residentes ronda los $7,070, frente a $17,730 para estudiantes considerados no residentes. En la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la diferencia también es considerable: aproximadamente $6,930 para residentes y $18,600 para quienes pagan como estudiantes de otros estados.
El caso de Jocelyn, una estudiante de 22 años de CUNY que llegó de México cuando era niña, refleja la incertidumbre. La joven explicó que la matrícula estatal le permitió estudiar prácticamente sin costo durante sus primeros años y que perder ese beneficio podría obligarla a trabajar más horas o incluso abandonar la universidad. Este otoño comenzará un programa de diagnóstico por imagen médica en LaGuardia Community College.
Para acceder a la matrícula estatal, determinados estudiantes indocumentados deben cumplir requisitos relacionados con su educación secundaria en Nueva York y su ingreso a una institución de educación superior dentro del plazo establecido por la ley.
Mientras el caso avanza en los tribunales, estudiantes y organizaciones defensoras de los inmigrantes temen que un cambio en estas políticas cierre oportunidades educativas para jóvenes que crecieron y se formaron en Nueva York.
