Redacción/NYL.- El incremento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos durante el verano ha provocado una creciente respuesta legal en Nueva York y Nueva Jersey, donde organizaciones defensoras de los derechos civiles denuncian presuntos abusos cometidos por agentes federales durante arrestos y acciones de control migratorio.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de ambos estados, junto con sus filiales en otras 17 jurisdicciones y Washington D.C., presentó un total de 54 reclamaciones administrativas contra el gobierno federal. Las acciones legales alegan detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, discriminación racial y otras violaciones de derechos cometidas por agentes de ICE durante encuentros con inmigrantes, ciudadanos estadounidenses, familiares y manifestantes.
En Nueva Jersey, una de las demandas fue presentada por Norma Bowe, enfermera clínica, profesora universitaria y voluntaria comunitaria. Según la denuncia, la mujer resultó gravemente herida durante los disturbios ocurridos el 25 de mayo frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, cuando agentes encapuchados de ICE presuntamente la empujaron violentamente al intentar asistir a una joven que estaba siendo reducida por las autoridades. La demandante solicita una compensación de $500,000 dólares por lesiones personales.
En Nueva York también fueron presentadas cuatro reclamaciones en representación de personas que aseguran haber sufrido discriminación racial, arrestos ilegales y severos daños emocionales. Uno de los denunciantes afirma que fue detenido sin el debido proceso y separado temporalmente de sus hijos. De acuerdo con la ACLU, 29 ciudadanos estadounidenses figuran entre los reclamantes, incluidos varios que sostienen haber sido arrestados únicamente por su apariencia física o perfil racial.
Las demandas fueron interpuestas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite exigir indemnizaciones al gobierno por actos negligentes o ilícitos de empleados federales en el ejercicio de sus funciones. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de supervisar al ICE, rechazó las acusaciones y afirmó que la agencia enfrenta un aumento de ataques y amenazas contra sus agentes, cuestionando la postura de la ACLU y defendiendo las acciones de las autoridades migratorias.
