Redacción/NYL.- Miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos podrían quedarse sin representación legal a partir del 31 de julio, debido al vencimiento de un contrato federal que financia los servicios de abogados para menores en procesos migratorios. Organizaciones de asistencia legal advirtieron que esta situación pondría en riesgo el derecho al debido proceso de decenas de miles de menores que deberán comparecer ante jueces de inmigración sin un defensor que los represente.30
La advertencia fue realizada durante una conferencia organizada por el Defending Our Neighbors Fund, donde representantes de diversas entidades explicaron que el contrato federal sostiene una amplia red de organizaciones encargadas de brindar orientación y representación jurídica a niños que llegaron solos al país y enfrentan complejos procedimientos migratorios. Según indicaron, si el acuerdo no es renovado de inmediato, muchas de estas organizaciones no podrán continuar ofreciendo sus servicios.
Los proveedores también denunciaron que, desde noviembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha retenido los pagos destinados a estas organizaciones, afectando seriamente su capacidad operativa. Además, sostienen que las autoridades han intentado obtener información confidencial protegida por el secreto profesional entre abogados y sus clientes, lo que consideran una amenaza para los derechos de los menores representados.
Ante la falta de recursos, el Defending Our Neighbors Fund informó que ha otorgado fondos de emergencia a algunas organizaciones para evitar la interrupción inmediata de la asistencia legal. Sin embargo, sus responsables señalaron que esta ayuda es temporal y resulta insuficiente para mantener el sistema de representación jurídica si el Gobierno federal no restablece el financiamiento.
Defensores de los derechos de los inmigrantes recalcaron que los niños no acompañados constituyen uno de los grupos más vulnerables dentro del sistema migratorio estadounidense. Sin asesoría legal, muchos podrían tener mayores dificultades para solicitar asilo, demostrar que califican para otras formas de protección humanitaria o defenderse adecuadamente en los tribunales. Las organizaciones insistieron en que garantizar el acceso a un abogado es fundamental para que estos menores puedan ejercer plenamente sus derechos y recibir un proceso justo conforme a la legislación estadounidense.
