Santo Domingo.- El debate sobre el nuevo Código Penal dominicano vuelve a ocupar el centro de la agenda nacional luego de que el Poder Ejecutivo presentara un paquete de modificaciones para corregir varios de los artículos que han generado mayor controversia entre juristas, gremios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores políticos.
La propuesta contempla 18 modificaciones antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación, con el objetivo de atender observaciones relacionadas con la libertad de expresión, la protección de derechos fundamentales y la proporcionalidad de las sanciones penales.
Entre los artículos más cuestionados figura el artículo 208, referente a los delitos de difamación e injuria. La iniciativa del Gobierno propone reducir la pena de prisión actualmente establecida, que va de dos a cinco años, para fijarla en un rango de uno a dos años, atendiendo las críticas de organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión, quienes consideran excesivas las sanciones privativas de libertad para este tipo de delitos.
Otro de los puntos bajo revisión corresponde a los artículos 131 y 132, también relacionados con la difamación e injuria. Estos han sido objeto de amplio debate en la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, donde legisladores analizan distintas propuestas para redefinir las sanciones y el alcance de estas disposiciones.
Asimismo, diversos sectores han expresado preocupación por disposiciones que podrían afectar el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al entender que algunas normas podrían facilitar procesos penales contra ciudadanos y comunicadores por manifestaciones consideradas ofensivas o difamatorias. Estas inquietudes incluso han motivado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando posibles violaciones a principios de razonabilidad y derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, han manifestado posiciones diferentes respecto al momento oportuno para aprobar las modificaciones, aunque ambos coinciden en la necesidad de perfeccionar la legislación para evitar conflictos de interpretación y garantizar mayor seguridad jurídica.
El Congreso Nacional continuará el estudio de las enmiendas en los próximos días, mientras diversos sectores esperan que las reformas permitan fortalecer el Código Penal sin menoscabar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y las garantías constitucionales.
