Redacción | NYL.- La administración del presidente Donald Trump ha intensificado los esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, una medida que forma parte de su agenda de endurecimiento migratorio y que podría afectar a cientos de inmigrantes en los próximos meses. Según informes divulgados por el Departamento de Justicia (DOJ), el gobierno busca acelerar los procesos de desnaturalización contra personas acusadas de haber obtenido la ciudadanía mediante fraude, declaraciones falsas u omisión de información relevante durante sus trámites migratorios.
De acuerdo con datos oficiales, durante los primeros meses de 2026 el Departamento de Justicia presentó 29 casos de desnaturalización, una cifra que supera ampliamente el promedio registrado en años anteriores. La administración Trump se ha fijado la meta de presentar al menos 250 casos antes de octubre, para lo cual ha redistribuido recursos internos y asignado abogados adicionales a la revisión de expedientes migratorios.
Las autoridades sostienen que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema migratorio estadounidense y garantizar que únicamente mantengan la ciudadanía quienes la obtuvieron de manera legal. Los casos actualmente bajo revisión incluyen acusaciones de fraude migratorio, uso de identidades falsas, ocultamiento de antecedentes penales, abuso sexual de menores e incluso presuntos vínculos con actividades terroristas.
La ley federal permite revocar la ciudadanía a una persona naturalizada cuando se demuestra que proporcionó información falsa o que no cumplía con los requisitos legales exigidos al momento de solicitar la naturalización. Los procedimientos pueden desarrollarse por la vía civil o penal y deben ser resueltos por tribunales federales.
Funcionarios del gobierno han aclarado que estas medidas no afectan a quienes adquirieron la ciudadanía por nacimiento. La estrategia está dirigida exclusivamente a ciudadanos naturalizados cuyos expedientes presenten indicios de fraude o irregularidades.
La unidad encargada de estos procesos cuenta actualmente con un equipo especializado de 12 abogados y trabaja en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que continúa remitiendo nuevos casos para su evaluación. Diversos reportes señalan que podrían abrirse varios cientos de expedientes adicionales durante el resto del año.
Expertos en inmigración señalan que, aunque el gobierno puede acelerar la identificación de casos, los procesos judiciales de desnaturalización suelen ser complejos y pueden prolongarse durante años. En caso de que un tribunal ordene la revocación de la ciudadanía, la persona afectada recuperaría el estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse, generalmente el de residente permanente legal. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias del caso, también podría enfrentar procedimientos de deportación.
La medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, especialmente cuando casi ocho millones de personas han obtenido la ciudadanía estadounidense mediante naturalización durante la última década. Mientras la administración Trump continúa ampliando estas investigaciones, el debate sobre el alcance y las consecuencias de la desnaturalización vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre la política migratoria de Estados Unidos.
