NEWARK, Nueva Jersey.– Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y manifestantes denunciaron este fin de semana que la Policía Estatal de Nueva Jersey recurrió al uso excesivo de la fuerza durante las protestas realizadas frente al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, donde cientos de personas se han congregado para exigir mejores condiciones para los detenidos y el cierre de la instalación.
Las acusaciones surgen luego de varios días de tensión en los alrededores del centro de detención, administrado por la empresa GEO Group para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los manifestantes aseguran que agentes estatales utilizaron gas lacrimógeno, balas de pimienta y tácticas de control de multitudes consideradas desproporcionadas contra personas que participaban en protestas mayoritariamente pacíficas.
Las movilizaciones comenzaron tras denuncias de inmigrantes detenidos que afirman enfrentar condiciones inhumanas dentro de Delaney Hall, incluyendo presunto hacinamiento, alimentos en mal estado, problemas de saneamiento y falta de atención médica adecuada. Estas quejas derivaron en una huelga de hambre y laboral que ha captado la atención de activistas, familiares y funcionarios electos.
Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, defendió la actuación de las autoridades y afirmó que algunos individuos encapuchados derribaron barreras instaladas en una zona de protesta autorizada, lanzaron objetos contra los agentes e incluso incendiaron neumáticos en la vía pública. Según la mandataria, estas acciones pusieron en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a los miembros de las fuerzas del orden.
Las autoridades informaron además que seis personas fueron arrestadas durante los disturbios y que la Policía Estatal asumió el control de la seguridad en la zona con el objetivo de reducir las tensiones y garantizar el derecho a la protesta sin comprometer el orden público.
Mientras continúan las investigaciones sobre la actuación policial, defensores de los inmigrantes exigen transparencia y una revisión independiente de los incidentes ocurridos durante las manifestaciones. El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de detención migratoria y el manejo de las protestas relacionadas con las políticas de inmigración en Estados Unidos.
